Por unanimidad, 10 votos, la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó el informe favorable para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Reprime el Lavado de Activos.

El documento en mención contó con el respaldo de los asambleístas Juan Carlos Cassinelli, presidente (e); Viviana Bonilla, Irina Cabezas, Silvia Kon, María Elena Pontón (alterna de Luis Noboa), Sandra Álvarez (alterna de Francisco Velasco), Marco Espinosa (alterno de Betty Amores), Vanessa Fajardo, Patricio Quevedo y Ramón Vicente Cedeño.

Dentro de la exposición de motivos, se manifiesta que la actual Ley para Reprimir el Lavado de Activos, fue publicada en el Registro Oficial No. 127 de 18 de octubre de 2005. Sin embargo, transcurridos cinco años a partir de la vigencia de la misma, es necesario realizar una revisión que permita superar las deficiencias encontradas.

Es forzosa  la prevención y detección del delito de lavado de activos y del financiamiento de actividades ilícitas, entre las que se incluyen los delitos de terrorismo y sabotaje, de conformidad con lo previsto en el Código Penal, precisa el informe.

De esta manera, se tipificaría no solamente el financiamiento “del terrorismo”, sino de todas aquellas actividades ilícitas que generan recursos económicos que son utilizados en el lavado de activos por el crimen organizado, como por ejemplo: trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, redes de explotación sexual, contrabando, falsificación, negocios de secuestros, sicariato, etc. Resulta pertinente modificar la finalidad de la ley y concretar sus objetivos en aras de garantizar la recuperación de los activos ilícitos en beneficio del Estado, se enfatiza.

Dentro del proceso de socialización, se receptaron los criterios de Diego García Carrión, procurador del Estado; José Serrano, ministro de Justicia; Mario Pinto, gerente General de la Corporación Aduanera; Pedro Solines Chacón, superintendente de Compañías; Carlos Marx Carrasco, director General del SRI; Freddy Martínez Pico, comandante General de la Policía Nacional; Washington Pesántez, fiscal General de la Nación; Gloria Sabando, superintendenta de Bancos; Ramiro García Falconí, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal; Isabel Ulloa, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, entre otros .

MG/pv

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